Sevilla- A principios de febrero, el cuartel que la Guardia Civil tiene en Zahara de los Atunes (Cádiz) saltó a la actualidad informativa tras encontrar, las Fuerzas de Seguridad del Estado, fotografías de sus dependencias entre el material intervenido en una vivienda de Óbidos (Portugal) donde que ETA almacenaba gran cantidad de explosivos. Se trata de unas instalaciones situadas en la playa de Atlanterra, en el término municipal de Barbate (Cádiz), a las que están adscritas apenas una docena de agentes que no viven en el acuartelamiento menor, y que, según el Ministerio de Interior, podría ser un objetivo para los terroristas. Pero no es el único cuartel andaluz en situación de riesgo potencial. Según asociaciones sindicales del Instituto Armado, existen en la comunidad alrededor de 140 puestos con deficiencias de seguridad que los convierten en blanco fácil para las organizaciones criminales. En concreto, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) maneja una estimación por provincias, transmitida en la mayoría de los casos a las delegaciones del Gobierno, de los emplazamientos en los que «no se puede garantizar la seguridad del personal de la Benemérita ni de sus familiares». Según ésta, en Córdoba «el 90 por ciento de los cuarteles carecen de las medidas mínimas de vigilancia eficaces y se deberían reagrupar unos diez, con una media de diez guardias». «Con lo que –apuntan– se liberarían 100 agentes que podrían ubicarse en un centro de policía de grandes dimensiones, más barato de mantener y con más patrullas disponibles para salir a la calle y atender a los ciudadanos».
En Sevilla, de un total de 64, calculan que deberían cerrarse en torno a siete. El número se eleva a 22 si se pone el foco en Málaga, lo que supondría reubicar a unos 220 efectivos. Jaén, por su parte, cuenta con 67 acuartelamientos de los que «habría que reagrupar más de una treintena que no presta atención permanente las 24 horas», apuntan fuentes provinciales. De los casi 50 que existen en Huelva, «se deberían eliminar unos 23», señalan para advertir además de que algunos de los restantes, ubicados en localidades turísticas como Aracena o Ayamonte, «están en mal estado de habitabilidad e inadaptados a la legislación vigente en muchos aspectos».
De otro lado, en Cádiz, donde la zona más conflictiva es la sierra, teñida de múltiples municipios diseminados, las edificaciones a suprimir son «como mínimo seis, dos de la Comandancia de Algeciras y cuatro de la capital». En torno a los 25 de estos puntos entienden que «sobran» en Granada, por «inoperantes» en las comarcas de la Alpujarra, el Marquesado o la Axarquía.
Por último, en Almería, de los 42 puestos existentes, «se podrían suprimir 16, quedando más de un centenar de efectivos para ubicar en unidades de nueva creación o para ampliar las existentes».
Interrogados por las principales carencias de estos centros, de sus respuestas se dibuja el «retrato robot» de las edificaciones que podrían constituir una falla en la red andaluza de casas-cuarteles: construcciones reducidas, con una media inferior a 12 guardias adscritos y con medios materiales defectuosos. Conscientes de ello, los secretarios provinciales de AUGC reclaman un quinteto mínimo de medidas a implantar con urgencia: «Instalación de inhibidores; sistemas de videovigilancia modernos, a menudo fallan las cámaras y sus monitores, si existen; vallados perimetrales de los cuarteles; áreas exteriores de seguridad; y un Plan de Emergencia de Evacuación con un protocolo definido para situaciones de peligro». Y un último y recurrente añadido: «Formación continua».