ALERTA / SANTANDER
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) inició ayer una campaña de movilizaciones en toda España que incluirá una concentración el 10 de julio frente a la Delegación del Gobierno «por una jornada laboral digna», ya que, según esta agrupación a la que pertenecen 500 guardias en Cantabria (el 45% de la plantilla), existe «malestar» en «amplios sectores» del Cuerpo por un sentimiento de «abandono» y por el «atasco laboral» que sufren.
Así lo dijeron ayer en rueda de prensa el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cantabria, Alberto Alegría, y Ángel Iglesias, también de AUGC, quienes denunciaron que la bajada de sueldos a los funcionarios afecta a este colectivo «ya maltrecho» de «manera más grave» porque se ha «aprovechado» la situación de crisis para «tratar de detener cualquier avance en la mejora laboral».
En este sentido, Alegría se remitió al compromiso incumplido del director general de la Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, de homologar la jornada laboral de la Benemérita con la Policía Nacional, pues presentó una propuesta «rocambolesca» que «nada tenía que ver con nuestras aspiraciones» de reducciones de 7-8 horas al mes.
22 horas más. La «realidad», explicó Alegría, es que, desde hace 14 años, la Guardia Civil trabaja 22 horas más al mes que la Policía y cobra 200 euros menos, lo que en este periodo de tiempo supone «dos años más de trabajo que un policía nacional y gratis para el Estado».
Tras denunciar que los guardias civiles son «un cuerpo singular» cuando se trata de cobrar pero se convierte en «normal» para aplicar la bajada de sueldo, el secretario de AUGC afirmó que Velázquez «nos ha engañado» porque su propuesta les condena a ser los empleados públicos «que más trabajan y más baratos».
Además, apuntó que se ha rechazado una medida de ahorro propuesta por la asociación sobre el despliegue territorial del Cuerpo, que es «obsoleto». En este sentido, afirmó que los puestos con menos de diez agentes, que son «mayoritarios» en España y en Cantabria -17 de los 36 que hay en la región-, son «prácticamente inoperativos» por el reducido número de guardias.