La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer públicamente la existencia de presiones desde diferentes ámbitos para evitar que una patrulla del Seprona, del puesto de Herrera de Pisuerga, pueda controlar la actividad cinegética de un grupo de cazadores que participa habitualmente en monterías.

Dos de los agentes de esta patrulla han sido denunciados por los cazadores, que aseguran sentirse acosados, y que han presentado quejas por un supuesto abuso de autoridad, después de la actuación de los miembros del Seprona en dos cacerías celebradas en los últimos meses del pasado año en cotos de Astudillo y de Alar del Rey. Además, el jefe de la Comandancia ha abierto también un expediente por negligencia grave, a raíz de las denuncias presentadas por los cazadores.

La secretaria de la junta directiva nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, María Pilar Villacorta, explicó ayer que desde su organización se ve el proceso abierto contra los dos agentes como un intento de apartarles de sus funciones para que los cazadores puedan actuar libremente, sin ningún tipo de control, ya que, según señaló, los dos agentes expedientados han sancionado a miembros de esta cuadrilla por diferentes infracciones.

La dirigente de la asociación de guardias civiles explicó ayer que entre estos cazadores hay agentes medioambientales de la Junta, incluido algún jefe comarcal, además de familiares de altos cargos de la administración regional y de un sobrino del anterior jefe de la Comandancia, que es precisamente el superior encargado de instruir el expediente contra los dos agentes del Seprona. Ante este lazo familiar, los guaridas expedientados han recusado al instructor del expediente, que se encuentra paralizada, hasta que se designe uno nuevo, según indicó la representante de la asociación.

María Pilar Villacorta explicó además que los cazadores han logrado finalmente su objetivo, puesto que los agentes han sido apartados de todos los servicios vinculados a la actividad cinegética. La dirigente de la AUGC explicó que la investigación oficial abierta tras la denuncia de los cazadores rechaza las quejas contra el comportamiento de los agentes, e incluso el anterior jefe de la Comandancia estimó que no debía apartárseles de sus funciones, tal y como solicitaban los cazadores.

Sin embargo, poco después este mismo superior dictó una orden interna que prohíbe a esta patrulla actuar en temas de caza, con lo que las tareas deben se cubiertas por patrullas de otras zonas, con lo que, según la asociación no se cubren adecuadamente los servicios.

Desde la asociación se insiste en que esta orden vulnera los principios de actuación encomendados por la ley a la Guardia Civil. Asimismo, se rechaza la validez del expediente abierto contra los dos agentes, puesto que se basa en una supuesta vulneración de unas instrucciones de funcionamiento interno del cuerpo, que según indicó María Pilar Villacorta están desfasadas y contravienen normativas superiores, como la Ley de Caza y la de Cuerpos de Seguridad.