Aquel enero de 2007, el centro de
Madrid fue tomado (pacíficamente,
claro) por guardias civiles uniformados,
con su histórico tricornio calado
hasta las patillas. Estaban hartos,
cansados de reclamar en el desierto,
de exigir derechos e igualdades con
el resto de Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado. Y por eso,
convocados por la Asociación Unificada
de Guardias Civiles (AUGC),
miles de guardias acudieron a una
protesta que ha pasado ya a las páginas
de la historia del Instituto Armado.Pero el Departamento de Interior no sabía que el reto, que el órdago, era de primer nivel. Y como medida defensiva, preventiva, decidió abrir expedientes por faltas «muy graves» a todos los convocantes de la protesta, a la junta directiva de la asociación que en aquellas fechas aglutinaba a la gran mayoría de los guardias.
Pero los expedientados recurrieron la decisión ante los tribunales. Y les están dando la razón.
La Justicia castrense, que se caracteriza habitualmente por endurecer aúnmás las sanciones, en esta ocasión ha rebajado de faltas muy graves a solo graves las medidas de Rubalcaba contra los agentes que organizaron la protesta, en la que participaron más de 10.000 guardias.
La sanción impuesta por el Ministerio del Interior supuso de «tres meses hasta un año de suspensión de empleo y sueldo».
Tras los recursos interpuestos por los expedientados, la asociación se felicita de que los Tribunales militares están dictando sentencias rebajando las sanciones de muy graves a graves. «La causa estriba no en los hechos cometidos, los cuales son reprochados con dureza en los fallos judiciales, sino en la aplicación, con carácter retroactivo, del actual régimen disciplinario, que trata conmayor benevolencia la falta atribuida a los expedientados», explica la AUGC. «Desde AUGC criticamos la postura del actual Gobierno en el desarrollo de esta gestión, pues se debieron aplicar estas leyes de oficio por la Administración ya en la misma incoación de los expedientes disciplinarios», indica, para advertir de que al esperar a que fueran recurridas en vía judicial se han añadido «perjuicios» a los sancionados. «Por eso, entre otras causas, las sentencias serán nuevamente recurridas ante el Tribunal Supremo», subraya. Después de tres años de la entrada en vigor de la Ley de Derechos y Deberes, la AUGC critica que «nada ha cambiado» y resalta que al igual que el sueldo de los guardias civiles baja en la mismamedida que el resto de los funcionarios también quieren que se equipare su jornada laboral a la de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Recuerda a los miles de agentes que «inundaron del color verde oliva la PlazaMayor de Madrid» para denunciar el «olvido institucional» y el «agravio» frente al resto de cuerpos policiales. «Tal era el hartazgo soportado por los guardias civiles que no dudaron en enfrentarse a duras sanciones o incluso a acabar en una prisión militar», añade.