La AUGC ha tenido conocimiento de la sentencia dictada por la Sala Militar del Tribunal Supremo y a la espera de poder estudiarla detenidamente y analizar los votos particulares, queremos trasladar a la opinión pública y al colectivo de guardias civiles y sus familias nuestro más contundente rechazo a dicha resolución.
El poder judicial militar no puede burlar el espíritu de una reforma disciplinaria de transcendencia histórica que pretendía, y así lo hizo una amplia mayoría del Parlamento, acabar con la sinrazón de que los guardia civiles que realizan tareas policiales fueran juzgados por tribunales penales militares y que, por meras faltas administrativas, pudieran acabar en prisiones militares, sufrir arrestos privativos de libertad o arrestos militares. Los guardias civiles y sus familias no estamos dispuesto a ser privados de libertad por normas militares que nada tienen que ver con la labor que realizan los funcionari@s de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los guardias civiles somos policías y nuestras labores son policiales.
Ahora, de una forma claramente torticera, la Sala Militar del Tribunal Supremo pretende Subvertir la decisión del poder legislativo y, aprovechando vacíos legales, remilitarizar a los guardias civiles en su actividad cotidiana fuera del servicio policial. Es decir, frente a la voluntad legislativa de supresión del Código Penal Militar a los agentes de la Guardia Civil, salvo que estuvieran integrados en unidades militares o en los supuestos de declaración de estado de sitio, guerra o en el cumplimiento de misiones militares, ahora se pretende una vuelta al status anterior, donde la potestad disciplinaria y penal correspondería de nuevo al Código Penal Militar, puesto que los guardias civiles el tiempo que no estén realizando funciones policiales( que los jueces militares determinen así mismo) siguen siendo soldados.
La sociedad española, los partidos políticos, los guardias civiles y sus familias no vamos a permitir este retroceso en los derechos fundamentales que pretende la Sala Militar del Supremo y ante este intento de vuelta atrás en la democratización de la Guardia Civil comenzaremos a remover los obstáculos que permiten una interpretación restrictiva del espíritu de la propia ley. En democracia no existen escusas y la democracia exige a los demócratas la movilización para acabar con las injusticias que coartan los derechos de l@s trabajador@s de la Guardia Civil.
Esta sentencia nos lleva a promover una serie de iniciativas que acaben con una interpretación interesada de las normas y, de una vez por todas, definir con claridad las funciones no policiales de la Guardia Civil. Debemos mantener contactos con todos los grupos parlamentarios para promover una reforma urgente del Código Penal Militar que impida que, a los guardias civiles, se les aplique las normas penales militares en su actividad cotidiana y esta ilógica aplicación lo sea solo en los supuestos antes mencionados.
Esta falta de regulación de las misiones militares ha posibilitado esta sentencia y vamos a instar al Gobierno a cumplir el mandato del nuevo régimen disciplinario y que se regule por real decreto las excepcionales misiones militares de la Guardia Civil. La ambigüedad no puede ser excusa para intentar cercenar los derechos de los guardias civiles, pero esta – ambigüedad centenaria- sólo ha servido para que los guardias civiles seamos los funcionarios que menos cobramos, más horas trabajamos, menos derechos tenemos y, sobre todo, más sanciones disciplinarias hayamos padecidos. También trasladaremos a los grupos parlamentarios la necesidad de acometer reformas legislativas para hacer desaparecer o, al menos, modificar radicalmente la composición de la sala militar del Supremo. Lo anacrónico de este órgano judicial es patente al estar integrado no por magistrados de carrera sino por miembros de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos antiguos asesores jurídicos del Ministerio de Defensa.
Por último, el Consejo de la Guardia Civil no puede eludir pronunciarse sobre el tema en cuestión y AUGC propondrá al pleno del Consejo un radical pronunciamiento contra el intento de remilitarizar a los agentes de la Guardia Civil y, desgraciadamente, no podemos descartar otras movilizaciones en defensa de los derechos de los guardias civiles y del cumplimiento del mandato del poder legislativo. Nadie nos podrá tachar de alarmistas, de intentar promover iniciativas innecesarias o desproporcionadas, porque estamos siendo demasiado pacientes con un tema que ya debía estar solucionado por lo trascendental para la seguridad pública.
GUARDIAS CIVILES Y CON DERECHOS |